Una ley podría limitar la capacidad internacional de los jueces españoles

11-02-2014MADRID (Reuters) – El Congreso de los Diputados de España debatió el martes una propuesta de ley que limitaría el poder de los jueces sobre casos internacionales de abusos a los derechos humanos, un día después de que un juez español ordenara la detención de ex dirigentes chinos acusados de genocidio en Tíbet.

China protestó por las órdenes, pidió a España que abandonara el asunto y emitió una amenaza velada sobre los vínculos entre los dos países.

La ley española reconoce actualmente el principio de justicia universal, que establece que los crímenes contra la humanidad pueden ser perseguidos internacionalmente.

Los jueces españoles han provocado fricciones diplomáticas cuando han tratado de interrogar o detener a dirigentes de Chile, Estados Unidos, China e Israel en casos que implicaban supuesto genocidio, tortura o abusos a derechos humanos.

El proyecto de ley, remitido el mes pasado al Congreso por el gobernante Partido Popular (PP) mientras el caso del Tíbet ganaba fuerza en los tribunales, restringiría en principio a los jueces a actuar en ese tipo de casos a menos que los supuestos agresores sean españoles o residentes en España.

El principal partido de oposición, el Partido Socialista, que diluyó a su vez la jurisdicción universal en 2009, está en contra de los cambios, pero el PP tiene mayoría absoluta.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decretó la prisión provisional, comunicada, incondicional y sin fianza de Jiang Zemin, presidente de China entre 1993 y 2003; del ex primer ministro Li Peng y de otros tres ex dirigentes del país.

Un portavoz de la Policía Nacional declinó decir cuándo intervendría la policía tras la petición de una “alerta roja” a Interpol, una orden de arresto que podría tardar horas, días o semanas en ser publicada internacionalmente.

Los implicados están acusados de genocidio en Tíbet, una región controlada por China desde 1950 y que ahora se considera como una parte integral de la nación. China dice que “liberó pacíficamente” la región himalaya, que afirma estaba sumida en la pobreza, la explotación y el estancamiento económico.

UNA QUERELLA DEL TÍBET

El Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y Thubten Wangchen Sherpa, un monje que tiene nacionalidad española, presentaron una querella en España contra Zemin y Peng en el 2006, por supuesto genocidio en Tíbet.

El caso se cerraría de inmediato si se cambiara la ley tal y como propone el PP.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China expresó el martes su oposición por lo que consideró una “acción equivocada”. China espera que España “pueda tratar adecuadamente” este caso, iniciado hace ocho años.

China no es un socio comercial importante para España, pero las autoridades han buscado inversión del país asiático, tanto en la industria como en deuda soberana.

“La reforma propuesta implica una importante limitación de la protección de los derechos humanos por influencia de los países más poderosos”, dijo el magistrado Joaquim Bosch, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, integrada por 550 de los más de 4.600 jueces que hay en España.

MONJE LAMENTA “SUMISION”

El monje que inició la querella lamentó que el Gobierno español parezca estar respondiendo a las presiones de China para cerrar casos de violación de los derechos humanos como éste mediante una modificación legislativa.

“La presión del Gobierno chino al Gobierno español es una presión muy fuerte para que cambie leyes, y el Gobierno español está escuchando ‘sí, sí, señor’, pero los chinos no son dueños del mundo”, dijo Thubten Wangchen a Reuters en una entrevista.

“Los chinos pueden cambiar sus leyes en China pero el pueblo español, su ley, hasta ahora era la dignidad de los españoles internacionalmente”, añadió el monje, ataviado con una túnica granate que le dejaba un brazo al descubierto en una fría mañana en la capital de España.

Thubten Wangchen, nacido en Tíbet en 1954, abandonó la remota región himalaya en 1959, casi una década después de que China la invadiera y de que emprendiera, según agrupaciones de derechos humanos, una dura represión contra el idioma, la religión y la cultura tibetana.

El PP niega que la modificación legislativa se deba a esta causa, pero su tramitación por la vía rápida conduciría al cierre en semanas de más de una docena de casos.

Entre los casos están el procesamiento de militares estadounidenses por la muerte del camarógrafo español José Couso en la guerra civil de Irak en el 2003, la causa por la muerte en Ruanda de cuatro millones de personas en los años 90 o la del asesinato de cinco jesuitas en El Salvador en 1989.

“El Gobierno español tiene que sentir un poco de pena, de pobreza y vergüenza de que las leyes puedan cambiar. Esto no sólo afecta al Tíbet, afecta a Guatemala, Guantánamo, la familia de Couso”, dijo Thubten Wangchen enumerando algunos casos.

Wangchen reside en España desde 1982 y dirige la Fundación Casa del Tíbet en Barcelona, ciudad en la que vive compaginando su vida religiosa con labores de defensa de la causa tibetana.

PIONERA EN DEFENSA DE DERECHOS

España ha sido pionera en perseguir casos internacionales de abusos a los derechos humanos. Grupos en el país europeo y en el extranjero han criticado la posibilidad de cambios en la ley.

“España ha abierto el camino, ha sido referente y ha sido un faro de esperanza de los países latinoamericanos (con los casos del ex dictador Augusto Pinochet y el ex militar argentino Adolfo Scilingo)”, dijo Ignacio Jovlit, de Amnistía Internacional, a Reuters.

“Ese país que marcó el camino tiene la actual legislación más restrictiva en materia de justicia universal, lo cual es paradójico y lamentable”, agregó.

Uno de los casos más publicitados fue el intento de extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet por parte del ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Pinochet fue arrestado en Londres en 1998 bajo una orden emitida en España, pero finalmente regresó a Chile por razones de salud.

En otro caso, que causó fricciones con Washington, un juez español trató de interrogar a militares estadounidenses por la muerte del camarógrafo Couso, quien falleció cuando un tanque del país norteamericano disparó contra un hotel en el que se alojaban periodistas durante la guerra de Irak en el 2003.

Miembros de la familia Couso se reunieron con diputados el martes para expresarles su malestar por la modificación legislativa. Varios cables diplomáticos difundidos por WikiLeaks en el 2010 mostraron que Estados Unidos había presionado a las autoridades españolas para cerrar el caso Couso.

“Nos alarma mucho, llevamos 11 años pidiendo que los tribunales investiguen el asesinato de mi hermano en Bagdad, a pesar de los escollos que aparecen en WikiLeaks. No se puede cerrar en falso para contentar a las grandes potencias”, dijo el hermano de Couso, Javier, a los periodistas en el Congreso.

El PP explicó que las modificaciones iban destinadas a asegurar que los tribunales españoles cumplan con los tratados internacionales.

“Esta reforma no se ha elaborado pensando en ningún caso en concreto, sino para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por los tratados internacionales que España ha ratificado”, dijo a Reuters el diputado del PP José Miguel Castillo-Calvín.

Castillo-Calvín, portavoz de la comisión de Justicia en el Congreso, argumentó que muchas de las investigaciones más conocidas sobre los derechos humanos abiertas en España no conducían a ningún sitio, lo que mostraba que el concepto de justicia universal no estaba funcionando.

Una ley podría limitar la capacidad internacional de los jueces españoles